Revista estudiantil de la Universidad Autonóma de Aguascalientes, editada por la Brigada Jesús Silva Herzog (Sociedad de Alumnos de Economía y Mesa Local ANEE)

lunes, 14 de septiembre de 2009

“OTRA VEZ LA BURRA (MEJOR DICHO EL PULPO) AL TRIGO”: ¿cómo justifica el incumpliento total un nuevo aumento de tarifas?...

ÚN CASO PENDIENTE LLAMADO TRANSPORTE PÚBLICO. Manuel González.
Quienes hemos convivido con él, participado de sus asuntos o simplemente recibido el servicio público de transporte urbano en Aguascalientes en los últimos 10 años o más, sabemos bien una cosa: es exactamente la misma porquería; la única diferencia radica en el precio. Claro, siempre sigue incrementándose y el servicio decayendo. Hoy nuevamente, la irracionalidad, irresponsabilidad e inconsciencia y la corrupción de este gremio (“el pulpo camionero”) se ponen de manifiesto sobre la mesa del Consejo del Transporte Público, soportados en los intereses de la mafia monopólica que los aglutina, con la única intensión de volver a incrementar la tarifa hasta llegar a los $6.00 pesos, es decir, un incremento del 20%.


Para poner las cosas medianamente claras y tener una óptica que avale una opinión al respecto hay que recordar varios elementos:

1. El 16 de enero de 2006, fue autorizado mediante su publicación en el periódico oficial del estado, un acuerdo que modificó el costo del pasaje del servicio público de transporte de pasajeros, pasando de $4.00 a $5.00 pesos, mismo que al día de hoy, no modificó ni mejoró en nada las condiciones de las unidades ni la mecánica del servicio, compromisos manifestados en el discurso oficial como los grandes justificantes (como siempre) para permitir dicho aumento.

2. A partir de esa fecha los estudiantes rechazaron el incremento y empezaron a organizarse para dialogar con las autoridades, logrando subirse al asunto mediante la creación del “Frente juvenil a favor de las tarifas justas del transporte público”, mismo que tuvo un sinnúmero de reuniones con los representantes de seguridad pública (legalmente encargados del transporte) y la sociedad civil, hasta el 27 de febrero, fecha en que presentaron sus demandas y estudios que demostraban la inviabilidad del aumento ante el mismo Consejo del Transporte público, donde tampoco obtuvieron ninguna respuesta y, finalmente al día siguiente, marcharon cerca de 1,000 de ellos, cerrando la Av. López Mateos para apersonarse en palacio de gobierno, a fin de que el gobernador Reynoso Femat resolviera la situación a su favor.

3. El resultado de la movilización fue el acuerdo publicado el 15 de marzo de 2006 por el Gobernador, que otorga una tarifa especial (que no existía) a TODOS (desde primaria) los estudiantes de $2.50 pesos y el compromiso del gobierno, mediante el Instituto de Educación, de expedir las credenciales “de identificación de descuento para estudiantes con los mecanismos de seguridad que garanticen la identidad y vigencia de la calidad de estudiantes de los beneficiarios”(1)

4. Luego de esta victoria histórica frente al monopolio camionero y posterior a la instalación de los equipos para hacer valido el descuento, misma que se prolongara a muchos más de los 120 días que señalaba el acuerdo, sobrevino la corrupción camionera, con el objeto de no disminuir sus jugosas ganancias impulsadas por el reciente incremento y pauperizar el descuento estudiantil, jugarreta que consistió en que los concesionarios serían los intermediarios para la expedición de las credenciales de descuento, incorporándoles un costo por renovación o reposición, cosas que nunca fueron pactadas ni expresadas en el acuerdo, al son de $150.00 pesos por ocasión, e incorporando la presentación de un montón de papeles (como si el instituto de educación no existiera) a fin de tramitar el beneficio; asunto que al día de hoy prevalece.

5. De aquella modernización prometida con el incremento de enero, insisto, nada pasó. Las mismas unidades y la misma forma de operar se mantuvieron hasta 2009. Justo es decir que en tres años, hubo pequeñas adecuaciones a la trayectoria de las rutas y que algunas unidades fueron “reconstruidas” exteriormente a fin de seguir circulando a contentillo de la autoridad, pues todavía no hay poder que les ponga freno y saque de circulación, ni tampoco existe una Ley general de transporte público, siendo el marco jurídico de este importante tema constreñido al capítulo III del Código Urbano.

En suma estos tres años pasaron nuevamente sin pena ni gloria para la mejora del servicio. De manifiesto quedó que la autoridad no pudo o no quiso hacer su labor, destacando la incapacidad del Diputado Arturo Colmenero Herrera, quien ha preferido mantenerse ciego y dueño de una empresa de transporte en el ramo turístico, abonando a la mafia sobre el interés general, para no presentar un marco legal que ponga reglas claras y finiquite los innumerables pendientes, como son:
· La modernización de las unidades, ya que la mayoría circula con motores que sobrepasan su vida útil emitiendo contaminantes por encima de las normas ambientales y ninguna cuenta con adecuaciones para transportar personas discapacitadas o adultas mayores.
· La reestructuración y reorganización de rutas, ampliando los recorridos a las nuevas colonias y proporcionando mejores y más rápidos recorridos, así como la amplitud y cumplimiento de horarios.
· La mejora en la prestación del servicio, capacitando, uniformando y reduciendo el tiempo de la jornada de los choferes, así como su incorporación a la seguridad social sin limitación alguna.
· La mecánica del servicio, incorporando nueva infraestructura y mejoras tecnológicas que permitan un sistema integral y seguro de transporte, es decir, que el servicio no presente altibajos, demoras o interrupciones por múltiples elementos hoy presentes y nunca previstos, pues, ¿quién les dijo que un simple letrero maltrecho es una “estación” o “parada” del camión?, o peor aún, ¿quién les dijo que un chofer debe cobrar el pasaje al abordar?, o ¿quién permite traer las “cumbias” a todo volumen o a la esposa y los hijos del chofer sentados en los estribos y tableros?
· La eliminación de atribuciones y cobros asumidos indebidamente por los concesionarios que subordina de facto a otras instituciones como el IEA y que limita el acceso y descarta los efectos de un beneficio, como lo es el descuento para estudiantes.
· Desde luego, el marco legal que brinde la transparencia en todos los procesos administrativos y de autoridad en el tema, sobre todo en la asignación y posesión de concesiones, que al final de cuentas significa el germen de todos estos males.

En esta misma lógica podemos ver que se requiere de un nuevo esquema que anteponga una demanda social como lo es el transporte, frente a los intereses de enriquecimiento de los que hoy se dicen “empresarios” de este ramo, favoreciendo con una inyección de modernidad y dinamismo que desde hace mucho tiempo le hace falta a la ciudad y al estado, enmarcado en una normatividad que facilite el cumplimiento de los privados y que otorgue al estado las atribuciones necesarias para recuperar el control perdido de este asunto estratégico. Es en este sentido y no en otro, en el que debieran darse los entendidos básicos para discutir una tarifa diferente a la actual, es decir, o se mejora primero o no hay aumento, ya no más promesas de “…despuesito vemos”, o “…ahora que nos alcance”.

No será posible “transitar” hacia mejores condiciones urbanas mediante la satisfacción efectiva de una demanda elemental, cuando el mecanismo que distribuye a la población hacia sus diferentes actividades se encuentra sumido en el más profundo de los anacronismos y desorden. No es con incrementos pretensiosos y ridículamente sustentados en añejas promesas que descubren obligaciones incumplidas y corrupción, en medio de esta crisis tan dura que hoy vivimos, que se va a mejorar un sector productivo, ni a resolver un asunto de esta magnitud, como lo es el transporte público. Seguramente, esta intentona que terminará por destruir la economía de los hogares, pone de manifiesto quienes son los que verdaderamente gobiernan a nuestro pueblo, amagando al gobierno con una parálisis y poniendo en estado de indefensión a los ciudadanos. Así, simplemente, no se puede.

(1) Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 15/3/2006 No. 5 tomo VII. Extraordinario. Pag. 4